El juez Eloy Velasco sitúa en la localidad de Cocentaina el almacén en España del material militar que la célula yihadista desarticulada hace un año enviaba a los combatientes de las organizaciones terroristas Estado Islámico y Jabhat al Nusra en Siria e Irak. Tanto el cabecilla del grupo, Ammar Termanini, como Nourdine Chikar, su principal cooperador, operaban desde sus empresas, ubicadas en Cocentaina, para abastecer a los terroristas.


El juez dictó el pasado 3 de febrero auto de procesamiento, en el que atribuye a los detenidos, entre otros, los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación y enaltecimiento de organizaciones terroristas y blanqueo de capitales. Cinco de los detenidos permanecen en prisión. También está procesado un empresario de L’Alqueria d’Asnar, el único detenido de origen español.

En las naves de las empresas de Termanini y de Chikar, Tigre Negro SL y Oro Afretex SL, la Policía se incautó de “miles de uniformes militares prensados y embalados para su envío”, señala el auto. En el puerto de Valencia fueron hallados 20.000 uniformes dentro de un contenedor perteneciente a Chikar. Entre el material incautado había trajes de resistencia a la guerra química.

El grupo, señala el auto del juez, se encargaba de enviar material militar, dinero, componentes de explosivos y armas de fuego a Siria e Irak. El Estado Islámico encargó, según el juez, 10 toneladas de uniformes militares. Oro Afretex, ubicada en el polígono de La Llaona, se encargaba de importar el material y prepararlo para su envío a las zonas de conflicto. La empresa declaraba que enviaba ropa usada. Oro Afretex ingresó en efectivo cerca de 10 millones de euros en apenas tres años, una cantidad que, según el juez, destinaba a comprar los uniformes militares para los terroristas.

El juez Velasco apunta a que Nourdine Chikar, detenido en Muro, se valió de su cargo de presidente de la mezquita de Cocentaina para intermediar con clientes y buscar financiación. Respecto del español detenido en L’Alqueria, el juez lo sitúa como el blanqueador del dinero procedente de la venta de los uniformes al Estado Islámico. A Simón Richart le atribuye delitos de financiación a organizaciones terroristas, blanqueo de capitales y falsedad en documentos mercantiles. Es el único detenido al que el juez no inculpa por pertenencia a organizaciones terroristas.

Junto a los 7 detenidos el juez también procesa a las empresas de Termanini y Chikar, tres de Cocentaina y una de Melilla. El juez mantiene en prisión a cinco de los detenidos y les impone a los 7 una fianza de 60.000 euros.

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